En la búsqueda de recursos, los intendentes empezaron a afinar el lápiz sobre los ingresos en sus comunas. Y pusieron el ojo sobre un ítem que podría desatar un problema con el gobierno bonaerense: las multas de tránsito. En épocas de vacas flacas tomaron nota las caída de la recaudación por ese rubro. ¿Qué está pasando? Se preguntaron. ¿De repente los automovilistas tomaron más conciencia?. No lo creen. Y empezaron a hurgar en extrañas gestorías que evitan que las multas lleguen al erario municipal.
Esta curiosidad de los intendentes va camino a convertirse en un verdadero escándalo. El mecanismo que está bajo la lupa llegaría hasta el despacho mismo del Ministro de Transporte Jorge D´Onofrio y escondería una red de complicidades entre funcionarios, jueces de faltas y gestores.
Según la ley provincial 13927 en su capítulo 2, artículo 32, se establece que las infracciones de tránsito “cometidas en rutas, caminos, autopistas, autovías, y semiautopistas provinciales o nacionales en el territorio de la provincia, inclusive las que atraviesen el éjido urbano, serán juzgadas por la Justicia Administrativa de infracciones de tránsito Provincial”. Es aquí donde aparecen las primeras irregularidades. Paso a contarles.
Uno de estos jueces designados, el Dr. Mario Quatrocchi, a cargo del juzgado provincial de La Plata, que además está ahora subrogando el de San Isidro desde marzo de 2023, sería uno de los apuntados como parte de esta red que lograría eliminar multas a través de gestorías y, por consiguiente, hacerle un daño enorme a la recaudación provincial y de los municipios. Estos jueces son nombrados por las autoridades del Ministerio. Además de Quatrocchi, hay otros 5 jueces provinciales a cargo de los juzgados administrativos de infracciones de tránsito.
La operatoria sería la siguiente. En la red, habría gestorías – promocionan sus servicios con carteles en la vía pública – que ofrecen a los infractores resolverles su deuda de multas por el 50 por ciento del valor. Con ese dinero, van al juzgado y logran que las mismas sean eliminadas por alguna razón técnica o se abone un monto menor incluso. Ello queda a criterio del juez. Esto produciría que la recaudación provincial y lo que corresponde a los municipios se lesione seriamente.
Pero hay un agravante que pone más opacidad al tema. Al parecer, fuentes del sector aseguran que desde esos juzgados provinciales se estarían introduciendo en los sistemas de los juzgados de faltas municipales para aplicar las mismas metodologías. Es decir, que multas que son de jurisdicción local, tampoco son cobradas por las comunas porque se “resuelven” en otras instancias. El tema está expresamente prohibido por la misma ley 13927 en el artículo 32 cuando dice que “Las infracciones de tránsito cometidas en territorio municipal con exclusión de las vías mencionadas en el párrafo anterior, serán juzgadas por la justicia de Faltas Municipal”. Es decir, se estaría ante un claro delito.
Desde el Ministerio de Transporte bonaerense a cargo de Jorge D´Onofrio aseguran que la ley 15002 modifica la ley de tránsito y le da potestad a la provincia para el juzgamiento de las faltas municipales. Desde las comunas niegan que esto sea así, y que en la práctica, hay multas que le desaparecen del cobro local.
Todo esto llamó mucho la atención a los intendentes que, alertados, pusieron el grito en el cielo y pidieron explicaciones. Es más, ha comenzado a gestarse la idea de pedirle al gobernador Axel Kicillof – quien no avalaría estas maniobras del Ministerio – para que toda la jurisdicción deje de estar en manos de la provincia y pase a los municipios.
Pero hay un tema aún más complejo que provoca la indignación de los jefes comunales y de los diversos actores en el tema. Lo que se estaría “desviando” mensualmente por las maniobras sería tres veces más que lo ingresado por la ventanilla oficial.
El “no hay plata” ayuda a agudizar el ingenio e ir en la búsqueda de recursos en cada recoveco. Eso sí, siempre se corre el riesgo de destapar una olla de agua hirviendo capaz de quemar hasta a el más distraído.
