Por Sebastián Dumont
Las contradicciones están a la orden del día en la Argentina. Desde lo más alto del poder a las más pequeñas pruebas que tiene una sociedad abarcada por una pandemia que parece haberse convertido en el único tema de preocupación. Pero no es así. Mientras transcurren los efectos nocivos del coronavirus, se consolidan comportamientos cuya modificación resultará mucho más costosa que la salida misma de las consecuencias que el virus está generando. El rol del Estado es, en este aspecto, clave para entender el momento actual. Y del que vendrá. Podrá ser parte de la solución o del problema.
Tensión en la ocupación de camas de terapia intensiva en AMBA (Area Metropolitana de Buenos Aries). La noticia ha invadido los medios de comunicación al igual que la posible falta de oxigeno en los hospitales y sanatorios. Algo que se adelantó aquí hace dos semanas. Hay una lógica que permite entender la dinámica del problema. Aquello que comienza a gestarse, al principio de manera silenciosa en el conurbano, rápidamente se convierte en una problemática nacional. El Gran Buenos Aires es la Argentina en pocos kilómetros cuadrados. Por eso, quién gana allí tiene grandes chances de imponerse en el país. Eso explica que un presidente de la Nación se tome su tiempo para ir a un distrito e inaugurar una cuadra de asfalto, un paso a nivel o una parada de colectivos. Impensado verlo en ese rol, por ejemplo, en otras urbes provinciales.
Faltan vacunas. Todos quieren vacunas. Ahora, las movilizaciones de sectores de izquierda vinculados a los denominados “movimientos sociales”, han agregado una petición a sus reclamos. Además de comida, trabajo, piden vacunas. Habrían conseguido cerca de 70 mil para ellos. Lo paradójico es que lo hacen a través de mecanismos que hoy no están permitidos por la pandemia. Mientras se les solicita a los trabajadores no esenciales que se queden en su casa, ellos copan las calles. Hasta mostrar con extrema brutalidad cómo se organizan esas marchas en filas donde se ubican los que “cobran” y los que “no cobran” (ver: https://twitter.com/tomy2430/status/1385420590195134470?s=20 )El Estado los acostumbró a pedir y pedir. Pero a devolver muy poco. Gran contradicción que eleva la temperatura social en el Gran Buenos Aires y en el país. Los que no pueden trabajar tienen que pagar impuestos para sostener a los que no trabajan y sólo reclaman. ¿De qué lado se pone el Estado?
Esta referencia no es antojadiza. Está vinculada a la tensión en los hospitales y sanatorios por la escasez de camas. Las experiencias pre pandemia permiten inferir lo que solían vivir los médicos en las guardias de los hospitales provinciales o municipales. Llegaban personas heridas, muchas veces de bala o por puntadas, que exigían una atención inmediata sin respetar si había o no gente antes. Muchas veces a punta de pistola. Los intendentes esto lo saben. Por eso, la preocupación por la falta de camas no es sólo una cuestión sanitaria sino de seguridad y clima social. Se preguntan: ¿Cuál sería la reacción si alguien no consigue una para sus familiares? No se tardará mucho para que a las marchas organizadas se le puedan sumar un nuevo pedido: “queremos camas”. Y con las vacunas, afloran datos de por qué no están las que el propio Presidente había prometido.
El intendente de Tigre Julio Zamora se adelantó y tomó medidas para restringir aún más la circulación en su distrito. El alcalde, cercano al grupo de jefes comunales que se vincula de manera directa con Alberto Fernández, quizá esté dando una muestra de lo que serán las medidas próximas a anunciarse.
Las dificultades políticas que encuentra el gobierno para generar consenso en las medidas restrictivas tienen su origen en el año pasado. La extensa cuarentena marcó un cansancio mental, social y económico que hoy hace doblemente difícil pedir esfuerzos similares. Aunque ahora sea mucho más justificado que antes. El problema radica en la autoridad de la palabra. Se pide a un sector que deje de hacer algo mientras a otros se les permite. Tampoco alcanzan las promesas de mayor asistencia porque su destino está, en casi todos los casos, en los mismos sectores. La cada vez más finita clase media por ahora mira y espera.
La pandemia no es el único tema a resolver. En un año electoral existe el cada vez más marcado riesgo de la pérdida de empatía de la sociedad civil con la sociedad política. En el oficialismo, las últimas buenas noticias para la clase media llegaron de la mano de Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados y su proyecto por el cuál dejan de pagar ganancias 1.270.000 trabajadores, jubilados y pensionados. También para las empresas en la alicuota del mismo tributo. Falta un sector importante como los autónomos. Al mismo tiempo, se suman las intrigas en la marcha de la economía, donde se despertó las cotización del dólar libre. La inflación sume todos los meses en la pobreza a sectores que se resisten a sentirse así aunque sus ingresos los ubiquen dentro de esa estadística.
A ellos, pocos le están hablando. A las divergencias del oficialismo para gobernar en estos tiempos, se le suman los desencuentros de la oposición. La falta de liderazgo claro pone en duda si podrán sostener la unidad para las próximas elecciones. Los elementos que se acumulan permiten avizorar la dificultad para ir amalgamados a la elección. La irrupción de una o dos listas que se propongan representar a dichos sectores está cada vez más cerca. Son horas de definiciones. En forma paralela, mientras se termina de concretar el calendario electoral, se aceleran las reuniones que podrían dar cuerpo a nuevos esquemas. Todo para el día que se vote.
