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Análisis: ¿Quién habla con los intendentes? El plan motosierra de abajo hacia arriba, tensará la calle aún más. 

Por Sebastián Dumont- Periodista

Hace un mes ha comenzado el gobierno de Javier Milei. En ese mismo lapso, también se han iniciado los últimos mandatos de la mayoría de los intendentes del Gran Buenos Aires tras la última modificación de la ley que se hizo a finales del 2021 y les permitió un mandato más. Salvo en los casos donde las elecciones de octubre alumbraron nuevos alcaldes, en el resto de las comunas se puso en marcha la cuenta regresiva para los liderazgos territoriales. Este dato objetivo de la realidad, aún muy lejano en el tiempo para observar las inevitables turbulencias que llegarán en las pujas para las sucesiones, permiten avizorar el carácter de las gestiones en marcha. Muchas de ellas, con largos períodos en sus haberes. La excusa de la motosierra y la falta de interlocución con el gobierno nacional caracterizan los primeros tiempos de este nuevo período.

Si se observa la conformación identitaria del control territorial del conurbano bonaerense, el peronismo,  en sus diversos matices, conserva el mayor dominio. Es el producto del resultado del 22 de octubre, al igual que el Congreso, aunque desde la Libertad Avanza se empecinen en hacer la lectura del porcentaje que obtuvo el Presidente el 19 de noviembre en la segunda vuelta. El mayor retroceso lo ha evidenciado en el GBA y en La Plata, Juntos por el Cambio. 

Ahora bien, los diversos mosaicos en los que está partido el peronismo bonaerense le dan margen al oficialismo nacional para sacar provecho y ganar tiempo antes que la paciencia comience a horadarse ante las palpables realidades que devuelven las góndolas. Pero nada de eso sucede. Los intendentes, aún los más dispuestos a sentarse a dialogar, aducen que no hay interlocutores claros. Hubo sí, un atisbo de gestarse esos nexos durante la campaña, pero ahora no están sobre la superficie. Subestimar esa relación podría ser peligroso. No ahora, pero sí en pocos meses. 

De hecho, agrupados en la Federación Argentina de Municipios que presidente el matancero Fernando Espinoza, se realizó la presentación de un amparo para frenar la aplicación del DNU 70. El freno de la obra pública es un factor fundamental para cualquier gobernante. Por dos razones muy claras: les permite hacer política y generar caja para esa política. Es así desde tiempos inmemoriales. Es uno de los combustibles para motorizar a la casta. Reducir la obra pública a sólo la bonaerense pasa a ser un problema. Mucho más en tiempos donde la canilla de fondos desde la Casa Rosada a la Gobernación Bonaerense se redujo a lo mínimo. Un ejemplo muy concreto: durante el año 2023 la asistencia financiera en sólo dos meses superó al resto de todas las provincias. Gobernar sin ese aditivo es todo un desafío. 

Y lo será también para los jefes comunales quienes, subidos a la misma ola ajustadora, ya prometen recortes de magnitud en sus plantillas laborales y de gastos. En casi todos los casos, será interesante posar la mirada en qué ítems específicamente se realizan estas podas. Subyace siempre la idea que el hilo se corta siempre por lo más delgado. La expansión del gasto electoral es el primero a ajustar en tiempos de vacas flacas. Pero también hay mucho de sobre actuación.  Sucedió algo similar durante los primeros meses de la pandemia, momento en que las comunas advertían de fuertes recortes ante una situación inédita. Poco después, quedó al descubierto la exageración de los mismos ya que la publicación de los depósitos en los bancos estatales devolvía una solvencia financiera que no era declamada en las declaraciones públicas. 

Por eso, ahora, Javier Milei como su motosierra, les está dando un enorme argumento para recortar o, más bien, redireccionar fondos y evitar pagar el costo político de lo que ello supone. “No puedo arreglar tal o cual calle porque no hay plata”, empieza a ser el argumento. Por otro lado, si hay algún faltante de insumos o similares, ya tienen la excusa perfecta: “La culpa es de Milei”. 

Pero además hay datos concretos. En la difusión del reparto de los fondos de la coparticipación provincial a las comunas, en el conurbano todos los municipios perderán frente al 2023 en términos reales. La gran mayoría tendrá un ingreso menor del 5%. Más argumentos para aplicar la motosierra. Sobre todo con la inflación corriendo al 200%. 

Esta realidad, podría ayudar a construir otra más relevante que es la tensión social producto del malhumor que significarán los bolsillos más flacos. Hay distritos que tienen un amplio dispositivo de salud que ya han empezado a observar el corrimiento de quienes dejan de pagar la cuota de la medicina prepaga para acudir al efector público. Y se agrega que, cuando hay recortes en las familias, los primeros que sufren son los municipios porque les cae la recaudación por la tasa de conservación de la vía publica. Pero también la de Seguridad e Higiene que está atada a la facturación de las empresas o comercios. 

De alguna manera, el clásico desorden que muestran los inicios de un gobierno hasta acomodarse, se potencian ante un Presidente que aceleró de manera poco habitual para un arranque. Puertas adentro, prefieren no hacer olas, incluso con los que se le trasmite a los periodistas. Existe la sensación que nadie o, muy pocos están firmes, es sus cargos. Esta descripción es vialidad, hasta cierto punto, para explicar por qué no está aún claro cual será la política que se le dará para contener al Gran Buenos Aires. 

No hay que perder de vista que crisis profundas en la Argentina tuvieron dos elementos centrales que las condujeran. Primero un real descontento social – en el 2001 la gota que sobrepasó el vaso fue el corralito – y luego la organización que le de la política. La caída de Fernando De La Rúa tuvo ambos elementos. La clase media salió a la calle, y los jefes territoriales del conurbano organizaron la movilización a la ciudad de Buenos Aires al día siguiente en medio de los saqueos. Raro que hoy no haya hay una política clara para conversar con esos termómetros del clima social. 

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich apunta a la crisis del narco en Santa Fe como si fuera la única provincia explosiva en ese sentido. Es verdad que es la más visible. Pero ya el año pasado hubo una demostración cuando se produjeron saqueos que el caos pude darse en el conurbano en cualquier momento. Si bien los jefes comunales manejan la mayoría de los resortes del control territorial, el joystick no es completo. La organizaciones vinculadas al narco tráfico no están sólo en Rosario. 

Clave será para eso la AFI, el nuevo “Señor 5” es un hombre vinculado al Jefe de

Gabinete Nicolás Posse. Fue noticia esta semana la incorporación de ex integrantes de la fuerzas armadas a la primera linea del organismo, algo poco habitual. Incluso, hasta se llegó a planear la posibilidad que uno de ellos fuera el jefe. Esto no sucedió, entre otras cosas, como consecuencia de un pacto que se arrastra desde los tiempos del Carlos Menem cuando se determinó que en Democracia, no era factible que un integrante de las FFAA pueda conducir la SIDE ahora AFI. Pues bien, empezó a preocupar quien se quedará con el manejo de la comisión de seguimiento de los organismos de inteligencia. Por ahora, trascienden nombres que no cuadrarían con la lógica que pretenden instalar Milei y Bullrich de la lucha contra el crimen organizado. De confirmase alguno de ellos, volverían a darle argumentos a Elisa Carrió quien vinculó esos actores con supuesto nexos con esas organizaciones.

En tanto, Axel Kicillof convoca a mesas sectoriales mientras los cuestionamientos a la figura de Máximo Kirchner crecen dentro del propio peronismo bonaerense. La idea del gobernador de convertirse en la cara institucional más visible de la oposición choca con su aún muy notoria ligazón a Cristina Kirchner. Y eso pone reparos para poder juntar a todos.

Para cerrar, vale la pena reproducir un fragmento de la reciente nota del politólogo peruano Alberto Vergara sobre la nueva experiencia política en Argentina. “Así, estamos ante un aspirante a salvador de la patria de doctrina antipolítica. Luego, no resulta particularmente intrigante que carezca de paciencia para plazos parlamentarios, procedimientos judiciales, negociaciones con sindicatos o cacerolazos ciudadanos. Un redentor sin raíces democráticas. ¿Cuánto daño puede hacerle a la democracia argentina? En estas semanas, la comparación con Alberto Fujimori ha sido omnipresente. Es el atajo para nombrar a la reingeniería neoliberal por la vía del autoritarismo de outsider. ¿Puede la democracia argentina morir en manos de Milei? Es difícil. Del lado de la sociedad, encontramos una con un consenso democrático que, aun debilitado, no ha colapsado. La elección de Milei señala mucho más la desesperación económica que la deserción democrática (y en tal sentido, subraya una responsabilidad importante del peronismo en el éxito de Milei). Se trata, además, de una sociedad civil organizada y movilizada. En la cual, Milei, por cierto, no tiene organización ni capacidad de movilización. Tuvo muchos votantes, pero nada orgánico: ciudadanos sin ciudadanía. Ni partido”.

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