La Sala I de la Cámara Federal de San Martín confirmó los procesamientos, sin prisión preventiva, del actual intendente de Zárate, Osvaldo Caffaro (Frente para la Victoria); el secretario de Obras y Servicios Públicos, Pablo Giménez; el director de Obras e Infraestructura, Salvador Ingrassia, y el subsecretario de Obras Públicas, Osvaldo Caccaviello, como responsables de administración fraudulenta.
La resolución, dictada por los camaristas Juan Pablo Salas, Marcelo Fernández y Marcos Morán, incluyó a los empresarios Gustavo Castillo y Santiago Rottari, máximos responsables de la empresa que habría cobrado parte del dinero que remitió Planificación.
En el fallo, los magistrados confirmaron la resolución que, en mayo pasado, había dictado el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien, además, dispuso un embargo de $ 5.000.000 para cada uno de los acusados.
El expediente que terminó con el procesamiento del actual intendente de Zárate se inició en mayo de 2017, a partir de una denuncia presentada por tres vecinos para que se investigara el destino del dinero enviado desde el gobierno nacional al municipio para realizar obras de seguridad de energía eléctrica con el fin de resolver la situación de riesgo en la que se encontrarían los habitantes de los barrios 6 de Agosto y Agua y Energía, que viven debajo de las líneas de alta tensión.
Esas líneas unen las estaciones transformadoras Atucha y Zárate; Campana y Zárate, y Las Palmas y Zárate. Debajo de los cables se levantaron esos barrios y, ante la imposibilidad de desalojarlos, desde el municipio se solicitó al gobierno nacional que aporte fondos para evitar que los cables y la energía afecten la salud de la gente.
En diciembre de 2013 se firmó el convenio entre la Municipalidad de Zárate y el Ministerio de Planificación para la construcción de las obras con un presupuesto de $50.820.00, que serían aportados por el Gobierno en cuatro cuotas, a pagar contra la presentación de los certificados de obra.
Durante la investigación se habría determinado que para cobrar la primera cuota, de $10.164.00, la empresa C&E Construcciones presentó un certificado de obra falso. En dicho documento se afirmaba un avance de obra del 20% y se detallaba la realización de base para la instalación de columnas de tendido eléctrico, que nunca se hicieron.
Según consta en la causa, dicho certificado fue firmado por el acusado Castillo, titular de la empresa constructora, y por los funcionarios Ingrassia y Caccaviello.
Para la Justicia, dicho documento era falso. Tal presunción se fundó, entre otras pruebas, en un peritaje realizado por la Universidad Tecnológica Nacional. Al realizar las inspecciones, los técnicos establecieron que en lugar de los encofrados para las columnas se hicieron movimientos de suelo para construir una avenida que no figuraba en el contrato.
Luego de la presentación de los certificados falsos, la municipalidad cobró un anticipo de $10.164.000, que, a su vez, giró a la constructora el 9 de mayo de 2014, a través de cinco cheques de caja a la orden.
Dos de los cinco cheques fueron depositados en cuentas de la constructora C&E y los otros tres, cada uno por la suma de $2.000.000, fueron cobrados por la firma INC SA, que informó haberlos recibido de Yoen SA; ambas empresas aparecen investigadas por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por los delitos de asociación ilícita, intermediación financiera y lavado de dinero. El dinero aún no fue localizado.
“El 23 de julio de 2014 el intendente Caffaro y el secretario de Obras y Servicios Públicos, Giménez, presentaron una nota ante el Ministerio de Planificación Federal solicitando el envío del segundo desembolso comprometido, por $15.246.000, a la cual adjuntaron el certificado de avance de obra justificando el primer desembolso de dinero con contenido falso”, expresaron los camaristas al rechazar el planteo de los acusados. En su indagatoria, Caffaro negó la acusación y sus defensores señalaron la falta pruebas que indiquen que el jefe comunal conocía que los certificados eran falsos. No obstante, para la Justicia, “los acusados tenían pleno conocimiento de la falsedad del documento ya que no era posible certificar ningún avance relacionado con la obra de seguridad eléctrica debido a que las obras que se estaban ejecutando no guardaban relación con los compromisos suscriptos”.
