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¿Quién le debe a quién? La verdadera historia del palacio municipal de José C. Paz

Días atrás trascendió la información de una supuesta deuda que el municipio de José C. Paz tendría en concepto del pago del alquiler por el inmueble donde funciona, desde 1999, el palacio Municipal. La propiedad, situada en el Avenida Gaspar Campos 6151 del mencionado distrito pertenece a la Iglesia Evangélica Luterana Unida y hasta el momento en que asumió Mario Ishii la intendencia funcionó allí una sede de la universidad de dicho credo. Desde el gobierno comunal rechazan el reclamo e incluso aseguraron que quien le debe a las arcas municipales es la propia Iglesia.

Desde la Secretaria de Economía y Hacienda de José C. Paz, cuyo responsable es Humberto Fernández, quien ocupa el cargo desde el mismo año en que se alquiló la propiedad, sostuvieron que el contrato siempre estableció un mecanismo de “compensación de las Tasas ocasionadas por las actividades económicas y propiedades del locador (Iglesia Luterana) con los alquileres de la sede municipal”.
Es más, para graficar el estado actual de la situación apuntaron un cálculo por el cual la municipalidad tiene un saldo a favor de $ 5.116.104,22 luego de compensar el valor de las Tasas descontando el monto pactado del alquiler mensual. Es decir, según la información oficial, el municipio que conduce Mario Ishii está en estado acreedor y no deudor. Le deben, no debe.
El reclamo que tomó estado público y es desmentido por el municipio se tratarían de 32 meses impagos de alquiler. Desde la comuna sospechan que persiga intereses políticos debido al posicionamiento de Ishii dentro del Frente de Todos y su vinculo cercano con Alberto Fernández.
Según la información oficial, el Estado Municipal suscribió un convenio con la Iglesia Luterana en donde se convino en forma textual en el punto 7 del mencionado convenio: “A todo evento, ambas partes hacen saber que en instrumento aparte suscribirán un nuevo contrato de alquiler por tres años respecto del predio hasta diciembre del mismo año de $200.000 mensuales, con ajustes o renegociación de alquileres cada seis meses”
El reclamo de por sí resulta extraño ya que las cuentas y los contratos de cada municipio son auditados por el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires y, hasta el momento, nunca se pronunció en relación a un supuesto incumplimiento de estas características.
En tanto, la Secretaria de Economía y Hacienda hizo un llamado a reunirse con las “autoridades de la entidad propietaria de nuestra sede, a los efectos de resolver prontamente los malos entendidos que generó un malestar innecesario ante la opinión publica paceña”.

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