Por Sebastián Dumont
Mural de Lucía Costa frente a la Hamburguesería donde falleció en San Miguel
La tragedia enlutó al distrito de San Miguel con la muerte de la joven Lucía Costa de tan sólo 19 años tras un episodio donde se prendió fuego tras una maniobra de recarga de un centro de mesa con alcohol etílico. Fue un accidente. Tremendo. El devenir de los hechos posteriores repiten las preguntas de siempre: ¿Se podría haber evitado? Pues si la respuesta es afirmativa, pierde valor la palabra accidente. Todo lo especulado alrededor del episodio pone en relieve la situación normativa precaria que vive la Argentina desde hace muchos años. El Estado y sus regulaciones que obligan al propio Estado a permitir vías de escapes ilegales. Y cuando alguna de esas variables explota, nos agarramos la cabeza como si se tratara de algo que no conocemos y hasta tácitamente avalamos. Pasar a la clandestinidad II es la continuidad de la nota que escribimos el 20 de mayo pasado: “La cuarentena se ha terminado. Pasar a la clandestinidad ha sido la opción para trabajar con la anuencia implícita de las autoridades locales. El resto es puro relato”.
Es la pandemia, con mucha claridad, el disparador para dejar expuesta con extrema brutalidad el camino que la Argentina ha emprendido, desde hace muchos años. Se trata de ir siempre por la banquina. El conurbano bonaerense es la mayor expresión de todo eso, ya que en pocos kilómetros cuadrados reúne las diversas problemáticas que tiene el territorio nacional.
La tentación de buscar rédito político a una tragedia está a la vuelta de la esquina. Siempre. Apenas sucedido el hecho en San Miguel se pusieron sobre la mesa varias preguntas. ¿El lugar podía abrir? ¿Estaba habilitado para tener mesas adentro? ¿Se respetaba la distancia social? ¿Nadie controló la presencia de los peligrosos centros de mesas con fuego? ¿Había o no salida de emergencia? ¿El trato es el mismo para todos los propietarios de estos locales?
Las respuesta son variadas. En el municipio que gobierna Jaime Méndez aseguran que la habilitación es correcta. Por lo demás, se ingresa en un equilibrio débil. Vayamos a algunos ejemplos.
La destrucción de la economía con la extensa cuarentena llevó a que muchos intendentes tomaran determinaciones en aperturas mucho antes que lo haga la provincia o la nación. La apertura gastronómica fue una de ellas que comenzó con las mesas al aire libre algo que el gobierno de Axel Kicillof está dispuesto a avalar recién a partir de la semana que viene. Una distancia enorme entre lo que ya estaba sucediendo y lo que las normas marcan o marcarán. Y así con todo.
En la Argentina, donde existe el dólar blue y las “cuevas” del conurbano muestras largas hileras frente a oficinas diminutas, existe, hace mucho tiempo, la cuarentena blue. Los intendentes, apelando a la autonomía municipal que avaló la Corte en varios fallos, trataron y tratan de dar respuestas a sus comerciantes y empresarios. La legalidad y la ilegalidad van de la mano. Lo único que ha hecho la pandemia es mostrarla con mayor claridad.
No tiene demasiado sentido polemizar sobre si un intendente que permitió abrir actividades ahora paga las consecuencias por no haber seguido las decisiones provinciales. Porque es el mismo Estado, en cualquiera de sus estratos, que hace muchos años promueve la vía de escape a la ilegalidad o informalidad. Si hasta contrata gente en “negro” para evitar aumentar el gasto laboral de sus administraciones. Sabido es, por ejemplo, que la caja de jubilación provincial (IPS) se ha visto disminuida porque se jubilan trabajadores formales de la administración pública que aportaban allí, pero no son reemplazados. Las plantillas laborales aumentan pero los nuevos “empleados” son monotributistas y aportan a Anses. Detalles.
Quién podrá sorprenderse, si varios dirigentes que conducen el Estado avalan la ilegalidad de la toma de tierras bajo la premisa de la supuesta legitimidad moral. Eso sí, no vayan a tomarle un terreno a alguno de ellos porque no esperarán la determinación de la justicia para desalojarlos.
Estas situaciones tienen tantos años que hasta hubo intendentes que fueron a cortar cintas en la inauguración de ferias ilegales que no pagan impuestos pero seguramente “aportan” a otras cajas oscuras. Son las famosas “cajas de la política”. Y se justifican: “cuando sos intendente tenes que tener siempre dinero a mano, alguien viene y te pide un remedio o una chapa y no podes esperar una licitación para solucionarle el problema”, cuentan experimentados jefes comunales que pasaron por esa función durante años. ¿De dónde sale esa plata? Ni vale la pena responder algo que es obvio.
La Argentina es un país que tiene 166 impuestos entre nacionales, provinciales y municipales. Pagarlos a todos implicaría que pocos negocios sean rentables. Pues el mismo Estado que los crea es el que lo invita a incumplirlos. “Ya llegara alguna moratoria”. Y así vamos. Mientras tanto dale para adelante.
La informalidad ha llegado tan lejos, que hoy los trabajadores en esas condiciones y desocupados tienen un gremio que los agrupa. Y la columna vertebral de peronismo que es el movimiento obrero se ve tan condicionada que hasta el 17 de octubre tiene que marchar de forma virtual.
El árbol no debe tapar el bosque. Ni debemos rasgarnos las vestiduras con la “indignación” que nos produce saber que estas cosas existen. Son, sin duda, una razón más para el distanciamiento, cada vez más evidente, entre la sociedad civil y la sociedad política. Bienvenidos a este nuevo paso a la clandestinidad. ¿No se habían dado cuenta?
