La preocupación por el deficitario servicio que dan empresas vinculadas a la iluminación pública crece. A partir de la nota que publicamos en el mes de agosto, la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas Eléctricas y Luminotécnicas (CADIEEL) exhibió la guía para que los municipios tengan herramientas a los fines de no caer en estafas o errores al momento de la adquisición de alumbrado público.
La polémica nace porque este medio accedió a información por parte de municipios y operadores del rubro que daban cuenta de cómo la provisión de materiales por parte de diversas empresas era deficitario y su vida útil muy acotada, lo que obligaba a un recambio de las luminarias con mayor frecuencia y su obvio costo para las arcas municipales. En donde algunos observaron un déficit, otros creen que existe un negocio muy rentable a costa de fondos públicos.
En la nota de referencia, publicada el 19 de agosto, ( Ver https://sebastiandumont.com.ar/luces-led-truchas-el-escandalo-que-alerta-a-intendentes-de-todo-el-pais/ ) se mencionó a cuatro empresas apuntadas por los propios municipios. Una de ellas – Tacoma – tomó contacto para desmentir lo publicado pero sin aportar pruebas contrarias a lo dicho y profundizando sobre la supuesta existencia de una “operación” para perjudicar su nombre.
A partir de ello, fueron muchas las voces que se comunicaron para aportar información y certificar que las irregularidades existieron y, en algunos casos, existen.
La Cámara de la Industria, CADIEEL expuso en su manual conceptos para el proceso de certificación de las luminarias viarias y en el punto 4 de su guía le recomienda a los municipios una serie de pasos para identificar las “inconformidades comunes”. Y allí reconoce que “Algunas luminarias se ofrecen con componentes de baja calidad y eso puede generar entre otras cosas fallas”.
Alguno de los ejemplos que otorga la guía son muy elocuentes. Y si una luminaria empieza a iluminar menos “una de las causas es la utilización de LEDs de baja calidad que hacen que la vida útil de estos sea mucho menor a lo esperado reduciendo la vida útil de la luminaria”. Otra de las irregularidades que las comunas deben observar es la posible falta de etiquetado y documetación según IRAM ADDL J 2028-2-3. “Muchas veces la luminaria indica que cumple con el reglamento técnico correspondiente pero en realidad solo posee un sello de origen cuyo cumplimiento al no ser verificado en nuestro país deriva en diferentes problemas y/o fallas”.
También CADIEEL alerta sobre “problemas de seguridad por mala calidad de la aislación dieléctrica de las placas de LED y de los driver”, como así también es común los “problemas de hermeticidad, hay luminarias que indican el cumplimiento de un grado IP 65 o superior, pero en realidad no lo hacen”.
Otro aspecto clave que provoca la provisión de elementos de mala calidad es la seguridad de las personas. La Cámara advierte que “las deficiencias pueden afectar la seguridad de las personas, reducir la vida útil de las luminarias y/o componentes, generando sobrecostos para los municipios”. Aquí está el punto clave de la historia. Y lo que ha despertado investigaciones en diversas partes del país.
Tras la publicación del escándalo, diversas fuentes aportaron datos concretos como se fueron cambiando las luminarias. Municipios como Arequito (Santa Fe), Sunchales (Santa Fe), Los Chañaritos (Córdoba), las Rosas (Santa Fe), Coronel Pringles (Buenos Aires), Palo Negro (Santiago del Estero), La Calera (Córdoba), Humahuaca (Jujuy) son solo pequeños ejemplos de comunas que reportaron incidentes similares. Entre lo más habitual aparecen “quemadas sin servicio post venta”; “El vendedor mostró un equipo y cuando le confirmaron la compra le entregaron otros” y “Luminarias quemadas sin servicio post venta no tenían repuestos”.
En la lista de las empresas proveedoras figuran las mismas que fueron parte de la nota del 19 de agosto.
En aquella oportunidad, las empresas mencionadas fueron Tacoma, Ingemar, Macroled y Bael en la mira por la venta de luminaria pública de baja calidad provoca un escándalo que llegaría a la justicia. En la lista que llegó a nuestra redacción aparecen además Argelec – con prestaciones en municipios como Inrriville, Córdoba o Palo Negro en Santiago de Estero. Y la empresa Iluma con servicios en San Isidro de Lules en Tucumán.
Alumbrado, barrido y limpieza. Las tareas más básicas de cualquier municipio en el país son también disparadores de grandes negocios que permiten que empresas presten servicios de calidad y otras aprovechen para provocar estafas y cobrar por servicios deficientes. Detrás de las tasas que pagan los vecinos de una comuna que conocen como el ABL, se esconden jugadores de un mercado que lejos de iluminar, oscurece.
