La multitud que se reunió el miércoles pasado en la plaza del Congreso para pedir justicia por el asesinato de Fernando Baez Sosa puso de relieve, una vez más, el drama de la inseguridad que se vive en la provincia de Buenos Aires desde hace muchos años. Entre los miles de asistentes conmovidos por el brutal crimen de Villa Gesell, muchos de ellos que llevaron sus reclamos por casos particulares. Tan o más crueles que lo sucedido con Fernando, los relatos se multiplicaban con un común denominador: el reclamo por causas judiciales lentas, sin resolución o con los delincuentes liberados antes de tiempo. Ello dejó en claro que a los medios de comunicación, llega un ínfimo porcentaje de lo que sucede a diario en las barriadas del Gran Buenos Aires.
Las estadísticas que esbozó el gobierno de María Eugenia Vidal en materia de seguridad no alcanzó para romper con hechos lo que alguna vez se le dio en llamar “sensación” de inseguridad. La plaza del martes dejó en claro que los hechos son reales y están ahí. Hay un reclamo cada vez más notorio sobre el poder judicial cuyos integrantes, en la mayoría de los casos, conservan el “privilegio” del anonimato ante la sociedad. Es decir, toman decisiones clave, pero en la mayoría de los casos, pueden caminar por la calle sin que nadie los señale. Al margen de beneficios conseguidos en el tiempo vinculados a salarios y excepciones impositivas de la que no goza la mayoría de los argentinos.
La realidad en la provincia de Buenos Aires es grave por donde se la mire. En lineas generales se posa la mirada sobre la policía bonaerense y la conducción del ministerio de Seguridad. Pero ello tiene un límite. Los policías son auxiliares de la justicia, pero no definen libertades ni condenas. Injusto es la generalización en una provincia que ha visto complicidades de todo tipo, como la llevada adelante entre policías, jueces de garantías y de casación en el ámbito de la ciudad de La Plata. Simple ejemplo que transcendió por su impúdica manera de manejarse.
El sistema penitenciario bonaerense tiene lugar para alojar poco menos de 25 mil internos y en los penales hay casi el doble. Esa fue una de las razones por la cual Axel Kicillof, apenas asumido exploró la idea de generar mecanismos para alivianar las prisiones preventivas en la provincia de Buenos Aires. Por dicha idea se reunió con los integrantes de la Corte Suprema bonaerense quienes quedaron sorprendidos porque, en la más de una hora de charla, el tema central giró sobre la economía. Cuando Julio Alak aceptó el convite de Cristina Kirchner para hacerse cargo del Ministerio de Justicia provincial lo develaba el costo que podría significar tener bajo su órbita el servicio penitenciario provincial. Es un “tic Tac” permanente.
Justamente, Alak, ex intendente de La Plata que pudo sortear el veto histórico de Cristina Kirchner a la dirigencia platense y Sergio Berni llegaron a sus cargos por pedido especial de la vicepresidente de la Nación. Por eso, a no confundirse, todas las acciones del ministro de seguridad son avaladas por el gobernador. Aunque se traten de desafíos permanentes al gobierno nacional y su política de seguridad.
En el gabinete bonaerense toman como un activo la cohesión de su conformación y no cómo un déficit del que suele ser criticado por la supuesta cerrazón. Es más, creen que en algún momento la heterodoxa composición nacional traerá más problemas que soluciones. Por ahora es tiempo de los equilibrios. Nadie piensa, en serio, en una posible fractura política entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. El aliento de esas especulaciones tiene otros orígenes. Uno de ellos es el control territorial del conurbano.
Los intendentes tienen una dicotomía. La figura de Cristina Kirchner es la que tracciona los votos en sus territorios, más allá del aporte personal que cada alcalde puede hacer. Pero imposibilitados, la mayoría de ir por un nuevo mandato, están convencidos que tendrán inconvenientes para designar sus sucesores. Por lo general, esos candidatos surgen del circulo más cercano, diríamos familiar. Esa es la razón central por la cual activaron un operativo para revisar la cláusula que impide su reelección en 2023, hecho que fue adelantado en este medio hace varios meses atrás. No hay un solo mecanismo en ciernes. Uno es una presentación judicial para que sea interpretado de manera particular el articulo de la norma. Pero también hay una movida legislativa para hacer cambios en la ley desde allí con el mismo fin. ¿Tendrá algo de esto que ver con la buena relación de Verónica Magario con los senadores de Juntos por el Cambio? Puertas adentro, la ex intendente de La Matanza suele decir que no es consultada con frecuencia por el poder ejecutivo. La foto del cumpleaños de Cristina Kirchner el martes por la noche también es una señal en sí misma. Del gabinete bonaerense, además del gobernador estuvo la ministra de gobierno Teresa García, senadora en uso de licencia y puesta allí en 2017 por expreso pedido de Fernández a los intendentes.
Esa lista de la elección intermedia es la que se pondrá en juego en 2021. Allí los jefes comunales lograron representación propia que ahora piensan mantener. Claro, podría surgir un inconveniente. Es probable que el lugar se lo respeten siempre y cuando sean ellos mismo los que integren las listas, lo cual significaría abandonar la comuna dos años antes. Esa jugada es la que elaboran desde los laboratorios de La Cámpora con la mira puesta en la conquista del 2023. Por eso, han monopolizado los organismos con despliegue en los territorios como las oficinas del Pami y Anses. La semana pasada llegaron los telegramas de despidos para todos los anteriores titulares de las UDAI en el conurbano. Esos sitios serán para el Cristinismo puro. Muy poco es lo que puede terciar allí Alberto Fernández, cuyos nombramientos pasan primero por la lupa de Cristina Kirchner. Se agolpan las anécdotas en este sentido tras los primeros dos meses de gobierno.
Por tal razón, a los jefes comunales les aguarda el siguiente panorama: El resultado de la renegociación de la deuda es clave para que la economía despegue y la imagen de Alberto Fernández pueda crecer con fuerza. Es lo que necesitan. Un Presidente fuerte en los números que pueda equipar el peso político de Cristina en el Conurbano. Si eso no sucede, deberán prender velas a la justicia. La misma que ahora, es fuertemente cuestionada por la sociedad. La lucha contra la inseguridad y la impunidad son dos pilares que supo instalar con habilidad el macrismo. No podrá tomarse como casualidad la lenta reaparición, en este momento de Macri y Vidal en territorio bonaerense.