Por Sebastián Dumont
La máxima atención sobre los vaivenes de la pandemia del coronavirus deja pasar sin tanta estridencia varias situaciones que emergen en la política nacional y la bonaerense. Mucho de ello está vinculado a los movimientos que se producen como consecuencia de este nuevo tiempo donde hay quienes se animan a pronosticar un cambio de paradigma en las relaciones y vínculos entre los que tienen “la responsabilidad de gobernar” y aquellos que solo “tuitean” según la propia definición del jefe de Estado Alberto Fernández el viernes junto a Horacio Rodriguez Larreta y Axel Kicillof
Oposición bonaerense en tensión.
La legislatura de la provincia se prepara para retomar su actividad a los fines de aprobar – se descuenta que así será en diputados quizá más difícil en el senado – el permiso para que Axel Kicillof pueda renovar deuda en dólares y pesos con los instrumentos que crea conveniente. Sobre ello batalló el ministro de hacienda Pablo Lopez el martes en reunión virtual con los legisladores del oficialismo.
Los recursos y su reparto forman parte de la explicación por la cual dos intendentes de Juntos por el Cambio decidieron pegar un portazo y comenzar a diseñar un espacio propio. Por ahora con tinte vecinalista. Se trata de los alcaldes de San Pedro y Necochea, Cecilio Salazar y Arturo Rojas respectivamente. Detrás de la gestión sobre este movimiento se ve la mano del intendente de Chivilcoy Guillermo Britos y hasta de un ex ministro de María Eugenia Vidal. Clave el rol de la titular de gobierno María Teresa García a quien le atribuyen llevar adelante una relación más fluida con los territorios que a otros ministros más cercanos al gobernador.
La fuga, que podría no detenerse, amaga con sumar radicales alineados a Miguel Fernández, el mandamás de Trenque Lauquen. Todo ello se profundizó cuando se negoció con el gobierno provincial el reparto de los 4000 millones para los municipios en el mes de abril. Salvo los primeros 1000 cuyo criterio que se utilizó fue el de la coparticipación, el resto produjo fuertes chispazos. La gestión inicial de los alcaldes liderados por Jorge Macri como interlocutor provocó tensiones a la hora de establecer lo que correspondía para los municipios de Juntos por el Cambio. Habrá más noticias para este boletín. Hace horas, Julio Garro, intendente de La Plata, sumó un nuevo mojón a esta controversia con elogios al gobernador bonaerense. Para mayo se espera el desembolso de 7000 mil millones.
Por ahora, Vidal hace equilibrio y no quiere aparecer como ausente en la política bonaerense. Razones de fondo hacen que su idea sea la de no romper lazos con la administración actual ocupada, por ahora, en la pandemia y no en revisar viejos armarios.
Arroz sellado.
La aparición de los paquetes de arroz de la marca “Ñaembé” proveniente de un proveedor correntino con la inscripción “Axel Kicillof gobernador”, no sólo emula a las zapatillas con la marca Carlos Ruckauf de los comienzos del 2000, sino que amenaza con dañar el vínculo político entre la provincia y el intendente de José C. Paz Mario Ishii. Es verdad que ese arroz no lo compró el gobierno bonaerense como salió a decir la Ministra de Comunicación Jesica Rey en declaraciones públicas, pero de mínima en el gobierno bonaerense sabían de la existencia de dicho producto. Sobre todo en los primero meses de la actual gestión cuando Kicillof e Ishii acordaron que distribuirían alimentos a municipios del conurbano para contener las dificultades sociales. Esta mecánica es habitual de hace muchos años en José C. Paz que se extiende fronteras afuera de su comuna, a punto tal que la propia Vidal cuando era gobernadora supo de aquello y lo apoyó.
Si Axel Kicillof no estaba al tanto de los paquetes de arroz, sí sabía del reparto de comida acordado con Ishii. Y mucho más la ex Ministra de Desarrollo Social Fernanda Raverta. De escalar el tema podrían aparecer hasta los remito de las entregas hechas por la provincia. En fin…
¿Violencia creciente?
Los intendentes del gran Buenos Aires están entre la espada y pared. Saben que una mayor apertura de la cuarentena, que se está produciendo de hecho, podría disparar un contagio masivo con consecuencias difíciles de calibrar. Los ejemplos de las villas porteñas ponen en alerta lo que podría replicarse en el conurbano donde hay 952 asentamientos de los 1456 que tiene toda la provincia.
Si bien Axel Kicillof anunció la duplicación de camas para atender las necesidades potenciales del coronavirus, son muchos los alcaldes que garantizan que ese numero no es “tan real”. ¿Hay más camas? Sí. ¿El doble? aseguran que no. Por eso, las miradas apuntan a un hecho particular, pero no novedoso, que se dio en el hospital de Moreno. Allí una familia rompió ambulancias y agredió a médicos porque no llegó a tiempo una derivación de PAMI. No encontraban cama disponible y la patología era distinta al COVID 19.
La violencia en las guardias hospitalarias no es nueva. Lo saben y sufren los intendentes y los propios efectivos de seguridad. De allí, muchas veces la explicación del por qué no se pueden mantener salas de primeros auxilios abiertas las 24 horas. Pero con una pandemia descontrolada, la violencia podría incrementarse por varias vías. Por un lado, producto de la falta de sustento económico. Por otro, ante la imposibilidad que algún familiar sea atendido en tiempo y forma. Hay un combo en ciernes explosivo. Por eso, los intendentes se exasperan cuando la burocracia provincial o nacional no permite abrir la válvula de escape para habilitar nuevas actividades. Saben que tienen que “dejar hacer” para no dañar aún más el tejido social.
“El problema no es que los intendentes seamos mejores que los funcionarios nuevos de la provincia, el tema es que nosotros ya pasamos por donde ellos aún no transitaron”, explica un ex jefe comunal muy experimentado. En términos más llanos lo gráfico así: “Cuando ellos se compran un jean, nosotros ya lo hicimos barbijo”.
