Una situación bastante particular se repite a lo largo de estos años entre los dirigentes opositores y el gobierno de Macri o de María Eugenia Vidal. Cuando se los consulta en privado sobre lo que destinan ambos gobierno en materia social reconocen que es mucho más de lo que sucedía en tiempos del kirchnerismo. Sin embargo, en la superficie, las declaraciones van por otro camino. Ello se reitera en este momento especial donde se discutirá la ampliación de una emergencia alimentaria que esta vigente desde el año 2002 cuando gobernaba la Argentina Eduardo Duhalde, el único presidente de la democracia recuperada en el 1983 que surgió a la política desde el conurbano bonaerense.
La presión política para avanzar en esta nueva ley con idea de aumentar el presupuesto para gastos sociales, denota algunas particularidades. Como en toda declaración de este tipo, ante esta condición, los partidas presupuestarias se permiten gastarlas sin los habituales procesos de la administración pública en condiciones “normales”. Así se pueden evitar licitaciones o la lupa más cercana sobre cómo y a quién se le compran los elementos. Ese es un aspecto que no puede desengancharse de la impronta que se le ha dado, casi sopresivamente, desde las PASO hasta aquí al tema, como si la difícil situación social ya no existiera mucho tiempo antes lo que hubiera ameritado un impulso similar.
Un claro ejemplo de ello ya fue advertido en este medio en el mes de junio de 2018: “El dato importante consiste en que, además de esta manera de comerciar, ha vuelto el trueque, es decir el intercambio de productos sin dinero de por medio. Una realidad que no se vivía desde hace varios años. Las autoridades políticas locales lo reconocen y sostienen que hay poco por hacer en momentos cuando la crisis aprieta. Al contrario, tratan de sumar con la entrega de bolsas de mercadería para sobrellevar la situación. ¿Es para alarmarse? No… aún. Se trata sólo de la descripción de una realidad. No la única que hay por estas latitudes del conurbano”.
Desconocer que la realidad social empeoró sería una mirada miope. Como también afirmar que existe un claro contenido político en presionar para que ello salga en este momento cuando se supone el gobierno que lo tendrá que pagar será el próximo. Muy posiblemente el de Alberto Fernández.
Se esconde también entre estas pujas una que sobrevive a los gobiernos de turno. Y que fue inaugurara por el kirchnerismo como método para ampliar lo que en su momento fue la transversalidad. Ello implicaba financiar movimientos sociales por afuera de las estructuras territoriales como las intendencias, donde se formaban “Estados paralelos” que administraban y lo hacen aún hoy, planes, bolsones de comida y asistencia de todo tipo. El problema con el gobierno de Macri y la gestión de Carolina Stanley es que aquello no se achicó, sino todo lo contrario, se profundizó esa lógica bajo la permanente “amenaza” que se desborde la calle o la situación social.
Juan Grabois, quien aparece como uno de los actuales gerentes de la pobreza, tuvo mayor despegue con el gobierno de Macri que con el de Cristina, a quien llego a acompañar a los tribunales de Comodoro Py. Extrañezas de la política argentina.
Las anécdotas en ese sentido se multiplican. Como aquella que remite a finales de diciembre del año pasado cuando en reunión con intendentes del gran Buenos Aires los funcionario de María Eugenia Vidal exploraban posibilidades de desbordes sociales y la respuesta fue unánime: “a nadie le sirve que haya estallido porque se sabe como empieza pero no como termina”. De la misma manera que un perro que ladra se agranda ante el miedo de su posible víctima, muchas organizaciones sociales siguieron el mismo camino. Y, alegremente, solían decir que con el actual gobierno era más fácil conseguir planes que antes. Testimonios sobre ello abundan.
Ahora hay algo similar. Una puja subterránea entre jefes territoriales y distintos movimientos, muchos de ellos de izquierda, por el manejo de la ayuda adicional. Con una diferencia importante: los alcaldes no pueden esperar y tienen que destinar parte del presupuesto de la comuna a paliar la situación y contener. Algunos lo hacen desde hace mucho tiempo. En 2016, pleno ascenso del Cambiemos, María Eugenia Vidal recorrió junto con el peronista Mario Ishii los galpones donde en José C. Paz se preparaban las bolsas con mercadería para ser entregadas a los sectores más humildes. ¿Qué cambio de ese momento hasta ahora?. La cantidad de bolsas. Es más, desde dicha comuna se repartieron a distritos aledaños en diciembre del año pasado para frenar el descontento social.
Esa realidad atraviesa a todos los jefes comunales de distintos partidos en el Gran Buenos Aires. Debieron agrandar la ayuda para sus vecinos. Ineludible debate que aun no se salda en la Argentina. ¿Es viable un país que todos los meses casi la mitad de su población vive directamente del Estado? o ¿Cuanto tiempo se podrán sostener 27 programas sociales solo desde el Estado Nacional? Preguntas que aún no encuentran respuesta. Y además, ni siquiera están en el debate electoral.
