Por Sebastián Dumont
Las primeras medidas de Alberto Fernández en la Nación y Axel Kicillof en la provincia ubican un marco de realidad mucho peor del imaginado. De lo contrario no podría explicarse la necesidad de pedir a la legislatura la declaración de una emergencia tan amplia. Es cierto que, si la Nación tiene enormes dificultades, ello no repercuta en el principal territorio del país. Así fue siempre. De allí que el gobernador haya instrumentado todos los mecanismos para poder contar con las herramientas necesarias para hacer cambios de fondo. Reconocen que la situación económica es muy grave, pero que han habido logros en la administración de María Eugenia Vidal que vale la pena mantener. Sólo diez días no alcanzan para poder resolver las tensiones lógicas del reparto de poder donde todos los sectores tenían aspiraciones y no van a encontrar la respuesta esperada en la medida de sus expectativas. Allí radica el principal inconveniente, se trata de moldear las ilusiones previas con la realidad.
En ese camino, presentar en emergencia total al Estado es una buena forma de frenar ambiciones desmedidas. Habrá que entender la delicada situación de la economía heredada para frenar pedidos exorbitantes. Todos piden. Todos quieren tener algo en función de lo que creen haber puesto para que unos y otros lleguen. En ese punto radican las principales diferencias y tensiones entre los intendentes, el gobierno provincial y La Cámpora. Sí, porque todos son del mismo espacio pero no significan ni defienden los mismos intereses.
La contención a los jefes comunales del conurbano la está llevando adelante Alberto Fernández y no Axel Kicillof. Mientras el presidente nombró a Gabriel Katopodis como ministro de Obras Públicas, el gobernador aún no incorporó a ninguno de ellos en la primera línea de su gobierno. Lo que no quiere decir que eso no vaya a suceder. Sobre todo en organismos o entes muy apetecibles como el CEAMSE.
En la Nación, Katopodis se encamina a ser quien tenga un trato privilegiado con sus pares alcaldes como así también con los gobernadores. La decisión de cobrar un 30 % a la compra de dólares para atesoramiento sumado a las erogaciones en el extranjero llevarán a que parte de lo recaudado por ese concepto se destine a obras públicas. El presidente Fernández tiene bien claro el insumo que ello significa, sobre todo para consolidar lazos políticos con los intendentes del conurbano donde, en definitiva, se apoyó su triunfo electoral de octubre. Se podrá decir que la mayoría de los votos fueron de Cristina Kirchner pero, en el ejercicio del poder, el Jefe de Estado apostó a la experiencia comunal para manejar esas áreas. Bajo ese ministerio tomarán funciones Mariano Cascallares, intendente de Almirante Brown y también Gustavo Arrieta, que gobernó Cañuelas hasta el 10 de diciembre donde dio paso a su esposa Marina Fassi. En este caso, Arrieta tiene experiencia en gabinete ya que fue ministro en el gobierno de Daniel Scioli y ahora recalará como funcionario en Vialidad Nacional. En transporte, Mario Meoni es el responsable del ministerio y viene de ser intendente de Junín en más de un periodo. Pero este esquema que arma el Presidente no está exento de tirones. La semana pasada se anunció la llegada del Intendente de Malvinas Argentinas Leonardo Nardini a la vicepresidencia de AYSA debajo de Malena Galmarini. Bastó un llamado de Máximo Kirchner para reclamar ese sitio para La Cámpora y que el jefe comunal quede como director del organismo de Agua y Cloacas. Otro intendente que tendrá silla en el gobierno nacional es Ariel Sujarchuk, el hombre de Escobar que irá al AABE, encargado de administrar los bienes del Estado Nacional.
Mientras el esquema se ordena con sus particularidades que explican el reparto del poder y la aspiración a construir nuevos liderazgos, en la provincia de Buenos Aires diputados y senadores se aprestan a prorrogar el presupuesto 2019 pero aún no aprobar, hasta la semana que viene, las nuevas emergencias que pidió y explicó Carlos Bianco, jefe de gabinete, ante la prensa días atrás. Sí se estirarán las vigentes, como la de Seguridad. En la cartera que dirige Sergio Berni se han dado los primeros pasos que permiten auscultar el horizonte de cuál será su impronta. No es menor la designación, al momento, del nuevo jefe de la policía Bonaerense. Se trata de Daniel García, promoción 58 que proviene de Brigada con amplia experiencia en el conurbano, primero en San Martín y luego en La Matanza. Buenas referencias para quien tiene la responsabilidad de conducir a la fuerza policial más importante de la Argentina. Por ahora, la influencia del ex Jefe Hugo Matzkin no se ha hecho notar.
De tantas emergencias dando vueltas, un pedido de Kicillof a Alberto Fernández el día que asumió se está a punto de hacer realidad. En el proyecto que se discutirá este jueves en el Congreso Nacional figura la suspensión del traspaso de Edenor y Edesur a la órbita de la Ciudad y de la Provincia. Lo que significará no tener que hacer frente al costo de los subsidios pero también eso implicará que el ente regulador seguirá siendo el ENRE. El gobernador, que anunció suspensión de aumento de tarifas, no quería la existencia del Ente Metropolitano creado cuando Macri decidió traspasar el costo de las empresas. Ese órgano ya venía con mucho ruido. Las autoridades que se habían elegido estaban muy vinculadas a las empresas prestadoras del servicio.
La delicada situación fiscal de la Provincia no será motivo para tensiones políticas extras. Más allá de los enojos lógicos por el reparto del poder, donde aún hay intendentes que aguardan por las promesas hechas en su momento por Sergio Massa como pívot de los acuerdos entre Fernández, Máximo Kirchner y Axel Kicillof, el apoyo será indefectible. “No es momento para oposición dentro del propio oficialismo” aclara un importante dirigente bonaerense con amplia experiencia en estas lides de repartos y equilibrios del poder.
Por lo pronto, los dispositivos políticos se van adecuando a estos tiempos. Este miércoles, el intendente de Merlo Gustavo Menéndez reasumió como Presidente del PJ bonaerense validando el acuerdo de presidencia rotativa con Fernando Gray, alcalde de Esteban Echeverría. El órgano partidario durante un gobierno peronista puede tener varios objetivos. Nunca es un dato menor la conducción del mismo. Sobre todo para sostener equilibrios en un Frente Político donde conviven peronistas formados en Guardia de Hierro y dirigentes provenientes del Partido Comunista.
En algún momento, las miradas sobre la cosa pública pueden chocar. El primer adelanto lo dio Cristina Kirchner que decidió participar de la asunción de tres intendentes del conurbano: Mayra Mendoza en Quilmes, Fernando Espinoza en La Matanza y Jorge Ferraresi en Avellaneda. Allí puso en relieve la diferencia de recursos que reciben las comunas en comparación con la ciudad de Buenos Aires. Adelantada en su mirada, la vicepresidenta puso el ojo en la puja que inexorablemente vendrá en el futuro: Horacio Rodriguez Larreta construirá una candidatura presidencial que ella interpreta podría competir en 2023 con sus dos preferidos. Se trata de Máximo Kirchner y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Los movimientos de hoy explican los planes del futuro. En el medio, la Argentina.
