Los cambios de aire en la política suelen tener su correlato con el accionar de la justicia. No quiere decir que siempre sea así, pero suele suceder. Tamaño dolor de cabeza poseen por estas horas los responsables de la conducción de la obra social más grande la Argentina, el PAMI. La pareja que lleva adelante el organismo tendrá que dar explicaciones en la justicia por maniobras de dudosa legalidad. Sobre todo, el segundo del organismo, Martín Rodriguez, dirigente de La Cámpora de Hurlingham, mano derecha de Máximo Kirchner y padrino del eyectado intendente interino de ese municipio Damian Scelsi.
La jueza federal Alicia Vence ha decidido pedir una seria de medidas de prueba en una causa que determinará si desde el PAMI central se desviaron de manera ilegal más de 50 millones de pesos a centros de jubilados de Hurlingham, el partido del Gran Buenos Aires donde reside el cuestionado Martín Rodriguez.
En virtud de otros casos recientes, no sorprendería que la justicia pruebe esos desvíos de fondos. Sin ir más lejos, el actual intendente Juan Zabaleta cuando reasumió la comuna ante la resistencia de La Cámpora relevó se encontró con 600 empleados municipales que figuraban cobrando un sueldo pero nunca se presentaron a informar sus tareas. Es más, la gran mayoría de ellos había fijado su domicilio en el palacio municipal. Insólito.
Lo que la justicia federal está investigando es el supuesto desvío de fondos del PAMI por intermedio del municipio de Hurlingham mientras se encontraba en el ejercicio del gobierno el intendente interino Damián Scelsi, mano derecha de Martín Rodriguez, a los centros de jubilados San Javier y Guemes de la localidad de Villa Tesei y Williams Morris con el objetivo de favorecer a la agrupación política que lidera Máximo Kirchner y de la que acaba de dejar la secretaría general Andres “Cuervo” Larroque.
Según se supo, otro de los motivos a través del cual el Pami habría otorgado dinero a la municipalidad serían los denominados “llamadores” del Pami, sin poder demostrar cuando y cómo realizaban esas llamadas. Se habla de un desvío cercano a los 30 millones de pesos.
La Doctora Alicia Vence, que asumió como titular del juzgado federal en lo criminal y correccional n 3 de Morón, dispuso varias medidas de prueba.
Entre ellas, solicitó al director al registro de la propiedad del inmueble de la provincia de Buenos Aires un informe de dominio de los 4 centros de jubilados involucrados; requirió informes de registros telefónicos de los “llamadores” y titulares de cada uno de ellos; le pidió al municipio de Hurlingham los informes catastrales de los centros de jubilados en cuestión; le pide a los municipios de Hurlingham, Tres de Febrero, San Martín, La Matanza, Moreno, Merlo Ituzaingó y Vicente López que informen si en 2021 y 2022 se llevaron a cabo los programas “Plaza Pami” y si se realizaron los festejos del día del jubilado con algun tipo de subsidio del organismo.
También la jueza le dio intervención a la División Anticorrupción de la Policía Federal Argentina para que lleve adelante una investigación que también menciona al Club Atlético Boca Júniors por un subsidio que supuestamente recibió del parte del PAMI.
La Cámpora se encuentra en un momento muy sensible donde su popularidad hay caído a niveles muy bajos. Nunca pudo desplegarse como una organización política con fuerte presencia en los territorios, y hoy ya se le animan los que antes dudaban de hacerlo.
Esta investigación no sólo podría golpear la estructura del grupo en Hurlingham donde el intendente Juan Zabaleta decidió correrlos de la escena en función de los escándalos sucesivos, sino también en el orden nacional, ya que Martín Rodriguez sería uno de tres hombres de mayor confianza de Máximo Kirchner en lo relacionado con la financiación del grupo político.