El Ministro de Economía Luis Caputo volvió a poner el tema en agenda esta semana. En una publicación en sus redes sociales compartió una nota donde las cadenas de supermercados se quejaban del aumento de la alícuota de las tasas municipales en distritos gobernados por el peronismo en el conurbano. El titular de la cartera de Hacienda pidió que la justicia tome cartas en el asunto e incluso definió como “estafa” de los jefes comunales a sus vecinos. No es la primera vez que la mirada del gobierno nacional se posa sobre las tasas municipales que, a su devenir, ha cobrado una visibilidad que invita también a pensar si es conveniente para los alcaldes poner en la consideración electoral esta discusión si llegase a desdoblarse la elección en la provincia de Buenos Aires. Esa discusión no se definirá hasta el año que viene. Como quizá tampoco otras que acucian a la política bonaerense por estas horas con definiciones al caer en la legislatura bonaerense.
El mes de diciembre para Argentina y, sobre todo el Conurbano, ha sido siempre un mes especial. Desde el 2001 a esta parte la proyección sobre posibles alteraciones sociales ha estado en el centro del análisis y las probabilidades. No es el caso de esta oportunidad. Por diversas razones. Entre ellas, la asistencia social de manera directa vía AUH o Tarjeta Alimentar han subido por encima de la inflación. Y otra razón fundamental es que no hay clima político para que esto suceda. A ningún intendente le serviría que en su distrito lo acusen de estar detrás de movimientos de alteración social. En esas barriadas, aunque de manera más difusa, también ha llegado el clima de optimismo que no se veía en Argentina desde los tiempos de Mauricio Macri, según definen diversos encuestadores. Pelear contra eso, ahora, resultaría políticamente inconveniente.
La tarea de los intendentes es reforzar sus territorios. No hay nada demasiado novedoso en ese sentido. Y para lograrlo, necesitan recursos, fondos que no abundan. No en vano, un grupo de ellos viajó a la legislatura el martes para pedir que le destinen un paquete de 500 mil millones orientado a obra pública y seguridad. Dos temas clave que los pueden ayudar a diferenciarse de la agenda nacional. Por eso, no es inocuo que la discusión sobre las tasas municipales sobrevuelan la agenda nacional. Hasta ahora, siempre fue un tema muy local que pasaba casi desapercibido. Es tan así que, dependiendo la comuna, se pueden encontrar tasas insólitas.
En Pilar, hasta hace unos días, si alguien se sentaba a almorzar o cenar en un restaurante le cobraban una “tasa ambiental” con un cargo fijo. Lo que no se sabe es la contraprestación. Los locales gastronómicos se encargaban de diferenciarla en la factura para que quede claro que no formaba parte de sus costos. La municipalidad de Pilar es gobernada por Federico Achaval, uno de los intendentes que aparece en encuestas como de los más valorados en el Gran Buenos Aires y con intenciones de buscar ser gobernador en 2027. Para eso se está moviendo, incluso recorriendo distritos del interior de la provincia. Sin embargo, en su pago chico, se acumulan las tasas y es uno de los distritos apuntados por el Ministro de Economía luego de la queja de los grandes supermercados y los industriales que aseguran es la comuna con mayor presión positiva para ese sector.
Como Pilar, hay otras comunas que van en ese sentido. Por ejemplo, desde el peronismo de San Miguel cruzaron críticas a la administración del intendente Jaime Méndez de haber logrado aprobar un aumento de tasas de casi el 270% para el 2025. La inflación que calcula el gobierno nacional, con el que Méndez se siente más cercano, prevé un aumento de los precios en el orden del 25%. En Lanús, donde gobierna el camporista Julián Alvarez, la tasa de seguridad e higiene trepó al 6,36% desde el 2,7%. En Pilar, se cobra el 4,7%. Cada comuna cobra tasas distintas lo que hace muy complejo el análisis de inversión para las grandes firmas que desembarcan en el populoso gran Buenos Aires.
El ítem impositivo municipal pasó a ser materia de puja política para posicionarse. Hasta que el tema no cobró notoriedad actual era muy difícil encontrar comunicados de prensa donde se exaltaran las sesiones legislativas con la aprobación de los presupuestos y, sobre todo, la legislación impositiva. Ahora, por ejemplo, las comunas que lo hacen muestran cómo, en línea con el gobierno nacional, eliminan tasas o regulaciones. Esta semana, el Intendente de San Isidro Ramón Lanús anunció que el presupuesto para el 2025 prevé la baja de 400 tasas municipales. El Jefe comunal que hace un año reemplazó a Gustavo Posse se mostró públicamente tanto con Luis Caputo como con Federico Sturzenegger, el Ministro de Desregulación.
Los casos mencionados son una pequeña porción de un mapa más amplio que invita a pensar la conveniencia electoral de poner estas cuestiones en la agenda electoral. Esa puja forma parte de la que Axel Kicillof tiene con Cristina Kirchner como parte de un todo. “La verdad, está todo roto”, dicen en una oficina de la gobernación. Pero la pelota para definir ese punto se patearía para el año próximo, en paralelo a lo que se resuelva en el ámbito nacional. Por ahora, es “fulbito para la tribuna”.
Ir a la elección bonaerense donde se discuta la agenda local, pondrá de relieve un tema sensible siempre presente que suele deshacerse con las discusiones nacionales: La inseguridad. Los municipios, hace muchos años, entendieron que no podían dejar el tema en manos sólo de la provincia como principal responsable de la materia. El costo político lo sufrían y sufren cuando hay un delito grave en sus tierras. Las marchas nunca son en La Plata, son siempre a la puerta de las municipalidades. En ese sentido, la independencia municipal avanzó mucho con mejores y peores ejemplos. Pero es de tamaña sensibilidad que, un caso puede detonar la reacción popular en el momento más inesperado. El mayor o menor margen de maniobra para atender ese problema también forma parte de la capacidad de controlar el territorio.
La preocupación es que el delito se ha disparado. Los robos violentos y con la modalidad de bandas organizadas con inteligencia propia crecieron de manera exponencial. Lo hemos adelantado en notas anteriores. La caja de resonancia en la que se ha convertido el Gran Buenos Aires es clave para cualquier proyecto político.
En ese sentido, hasta cuando el gobierno de Javier Milei decidió reformar la estructura de inteligencia de la Nación, eligió como responsable de la SIDE a Sergio Neiffert quien traía consigo la experiencia de conocer los actores por haber transitado políticamente toda su vida. Y ahora se conoció que el subsecretario de inteligencia será Diego Kravetz quién, más allá de la interpretación política sobre su salida del gobierno de Jorge Macri para desembarcar en el de Milei en momentos de tensión entre ambas fuerzas políticas, hay otros detalles a mirar. Su reciente experiencia fue en Lanús como Secretario de Seguridad e Intendente interino. Conoce el mapa del delito bonaerense. Aún es una incógnita si lo utilizará para la tarea operativa que le encomendaron por su fluida relación con un hombre clave en la estructura del poder: Rodrigo Lugones.
En esa línea, para diversas fuentes de inteligencia no pasó desapercibido el anuncio de Javier Milei en su discurso del 10 de diciembre. Si se estructura la policía Federal como fue anticipado, sostienen que “tienen todos los elementos para hacer un trabajo muy bueno ya que el área de inteligencia civil nunca se desmanteló y siguió creciendo en la especialidad”, asegura un conocedor muy experimentado en esas tareas que conoce a la perfección el deterioro que se hizo en materia de espionaje desde el kirchnerismo a esta parte, con Macri incluido.
La batalla que se avizora en la provincia de Buenos Aires tiene tantas aristas que ninguna podría ser subestimada. En el rompecabezas del poder, una ficha mal puesta puede hacer volar todo por el aire. Y lo que parecía controlado, dejar de serlo en cuestión de segundos.
