Por Sebastián Dumont
“Todo tiene que ver con todo”, aquella sentencia que alguna vez expresó la actual vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner durante algunas de las múltiples cadenas nacionales, nunca ha perdido vigencia. Y mucho más cuando se observa el recorrido que ha tenido la interna dentro del oficialismo en la previa del escándalo por la compra de alimentos de parte del Ministerio de Desarrollo Social. Pero sobre todo, con los efectos que está generando y los datos que salen a la luz. Allí se entremezcla una trama de deudas políticas pendientes con las actuales, en el marco de lo endeble que se torna un gabinete cuando la lógica para armarlo, en la mayoría de los casos, fue con criterio de loteo vertical y horizontal. “La acción electoral es cuantitativa pero la acción de gobernar es cualitativa”. La definición surge del Manual de Conducción Política de Juan Domingo Perón, aunque Alberto Fernández se preocupe más por lo pensaba Raúl Alfonsín.
La primera herida expuesta surgió con la ahora fallida licitación para la compra de alimentos en el marco de la emergencia alimentaria por precios superiores a los máximos que estableció el propio gobierno que iba a pagar. “Los proveedores se plantaron” fue el primer esbozo de explicación del Ministro Daniel Arroyo. No es real. El proveedor es arto conocido por la política nacional y, sobre todo, la bonaerense. Se trata del “Grupo L” cuyo titular es Victor Luis Lusardi. Sus prestaciones atraviesan los gobiernos y los signos políticos. Y paradójicamente aumentó su presencia en las comunas del conurbano de la mano del gobierno de María Eugenia Vidal con el impulso de quien era su jefe de Gabinete Federico Salvai.
En la jerga política, empresas como este grupo son “solucionadores de problemas” para los funcionarios. Es decir, resuelven como intermediarios la contratación en diversos rubros para evitar la burocracia que significa que una empresa reúna los requisitos para ser proveedor del Estado en los tiempos de celeridad que muchas veces se necesitan. Pero además, cuentan con “espalda” para entregar mercadería y esperar los tiempos largos en los cuales el Estado por lo general paga sus facturas. ¿Es filantropía? Para nada. Todo lo contrario. Por alguna razón que se sospecha cuál es, son muchos los funcionarios que los vienen recomendando hace tiempo.
Por eso, el presidente Alberto Fernández no fue inocente cuando el lunes por la noche recordó que las mismas empresas le habían vendido al gobierno anterior. ¿A qué se refería? Es probable que sea a las ventas que el mismo grupo hizo durante el gobierno anterior, tanto nacional como provincial. Desde Carolina Stanley a María Eugenia Vidal, quien mediante su, por entonces jefe de gabinete, lograron mayor inserción de este empresario, sobre todo, en distritos del Gran Buenos Aires. Fue en aquellos tiempo cuando se modificó la forma en la cual se manejaba la plata destinada a los consejos escolares para atender el Servicio Alimentario Escolar (SAE). Se decidió que sean directo los municipios los que reciban la plata y no los consejos.
Ello abrió la puerta para el ingreso de nuevos actores en el negocio que, hasta entonces, se repartían y se reparten empresas locales más pequeñas que también suelen funcionar de manera cartelizada. Sucede, en diversas ocasiones, que una empresa de un distrito en particular le vende a otra comuna y viceversa. Eso estaría pensado para disimular el rastro político de quienes podrían estar detrás de ellos. En algunos casos, la ambición desmedida ha llevado a la prisión a “empresarios” que inflaban los cupos y facturaban por comida que nunca entregaban.
Si bien la información de la licitación en el ministerio de Arroyo estaba a la vista, con solo reparar en el boletín oficial, su difusión es consideraba parte de una feroz interna que se vive en el oficialismo pero que encuentra en Desarrollo Social su evidencia empírica más brutal.
La convivencia de todos los sectores que formaron el Frente oficialista que llevó a Fernández a la presidencia, es muy dura desde el primer momento. Los nombramientos de los cargos se fueron dando para tratar de conformar a todos los sectores: Movimientos sociales, Intendentes, La Cámpora, Kolina (Alicía Kirchner) y los propios – muy pocos – de Daniel Arroyo.
Para entender algunos roces, es interesante ir a la historia de estas relaciones. Cuando Arroyo fue ministro en la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Daniel Scioli tuvo un fuerte cruce con el Movimiento Evita conducido por Emilio Pérsico, ahora otra vez funcionario. Este grupo maneja casi 400.000 planes sociales y tiene bajo su órbita a 1.500 comedores y merenderos en el país. Igual que otras organizaciones forma parte de la CTEP donde también abreva Juan Grabois quien fue el primero en poner el grito en el cielo. Según cuenta el periodista Andres Klipphan en Infobae, el enojo está vinculado a que nunca fueron tenidos en cuenta para venderle alimentos al Ministerio de los que se producen en las cooperativas que ellos manejan.
La eyección de Gonzalo Calvo, ex secretario de Articulación de Política Social acrecentó aún más la interna. El primer expulsado es considerado un funcionario de los intendentes del conurbano, sobre todo del grupo que integra Mariano Cascallares, alcalde de Almirante Brown. El jefe comunal tiene mucha llegada al presidente Alberto Fernández en la misma línea, por ejemplo, al del Juan Zabaleta su par de Hurlingham. En el caso de Calvo, fue funcionario del gobierno bonaerense en su momento en Desarrollo Social cuando el jefe era Martín Ferré. Allí conoció al actual Jefe de Gabinete Santiago Cafiero quien se desmarca de ser el autor intelectual de su llegada al gobierno nacional.
Sin embargo, fuentes muy confiables apunta a otro nombre como clave para entender el escándalo de los alimentos. En la lista del resto de los funcionarios a lo que le pidieron la renuncia, figura Carlos Montaña, segundo de Calvo pero con procedencias diferentes. Se trata de un funcionario de larga data que llegó allí en tiempos de Alicia Kirchner y respondía a Sergio Berni cuando el ahora ministro de seguridad también formó parte de aquel armado político llamado Kolina. El tiempo los bifurcó en los cargos pero no en su relación personal. Además, Montaña es vicepresidente de Independiente con Hugo Moyano. También entre los expulsados hay una enorme muestra del mosaico transversal de cómo se distribuyeron los cargos.
La herida que se abrió en Desarrollo Social puede convertirse en el primer mojón de una situación interna que, en algún momento decantará. Los números altos en la imagen del presidente entusiasman a quienes siempre pensaron en la construcción del “albertismo”. La ilusión, cual castillo de naipes, podría derrumbarse en un soplido o solidificarse en función de muchas variables. Efectos colaterales de la pandemia.
