Por Sebastián Dumont
La decisión del presidente Alberto Fernández para que los municipios sean quienes tengan la potestad de controlar y sancionar a los comercios que aumenten los precios de manera desmedida tiene la lógica del momento en qué vivimos. Pero también es importante analizar un mecanismo que descentraliza cada vez más funciones en las comunas y no siempre va acompañado de los recursos para poder llevarlas adelante. Los ejemplos sobran en estos últimos años.
Los intendentes, en líneas generales, tomaron con beneplácito la delegación de facultades para evitar el abuso de los precios. Muchos de ellos ya lo venían haciendo e incluso clausuraron almacenes y pequeños auto servicios. Ahora tendrán más poder de policía para actuar y aplicar normas nacionales. Una vez más, queda demostrado que la cercanía de los alcaldes es la mejor manera de poder llegar de forma directa a los problemas.
Paradojas de estos tiempos, mientras se le entrega más facultades a los municipios es el propio ministerio de Desarrollo Social quien hace compras por precio superiores a los del mercado. No sería el único caso. Hay varias investigaciones en marcha sobre compras locales con el propio dinero que llega desde la Nación y la provincia. Sobre todo el que está destinado a proveer los bolsones de alimentos del Servicio Alimentario Escolar que, en tiempos de María Eugenia Vidal, en casi todos las comunas lo pasó a manejar directamente el poder ejecutivo y no los consejos escolares.
Ante la irrupción de la pandemia y la suspensión de las clases hubo cambios profundos en la forma de hacer llegar el desayuno y el almuerzo a los alumnos de las escuelas públicas. Se diseñó un programa donde se entrega cada quince días, un bolsón de alimentos que tiene su integración preestablecida y que debe costar 750 pesos como máximo. ¿Alcanza? Depende cómo se arme y quién lo haga. ¿Por qué? Porque con la nueva forma de intervención de las comunas de manera directa ahora los recursos que llegan de provincia van directo a cuentas generales, antes iban a los consejos escolares de manera específica. Es el director de Compras – y el intendente claro está – quien define cuando y a quién se les paga. En la mayoría de las muncipalidades sucede ahora que la entrega la realizan empresas muy vinculadas a los gobiernos locales – por lo general nuevas en el rubro – que podrían sostenerse algun tiempo sin cobrar, siendo que hay casos donde los atrasos ya datan de tres meses.
Siempre, detrás de este esquema se construyen todo tipo de especulaciones en un negocio donde la mayoría se queja de los bajos montos que se pagan por chico, pero nadie quiere quedarse afuera. Extraño.
No es nuevo que los municipios vayan adquiriendo mayores responsabilidades que, originalmente, no son de su competencia. La primera de ellas fue la fuerte discusión que se puso sobre la mesa allá por el 2012 cuando un grupo de intendentes liderados por Sergio Massa reclamaban más recursos para afrontar un tema sensible como la seguridad. Ante la creciente ola de delitos tuvieron que ponerse al frente e invertir en recursos y tecnología propia. Fue el tiempo de la creación de las Centros de Monitoreo y las policías locales. Cuando el actual titular de la Cámara de Diputados fue Jefe de Gabinete encabezó varias acciones tendientes a solidificar con recursos a los municipios en esa materia. Eso sí, la provincia cedió su responsabilidad sobre el manejo de la principal fuerza policial del país.
“Cada vez tenemos que asumir más acciones pero sin los recursos para afrontarlos”, era y es el reclamo de los alcaldes que se reitera todos los años. Alguna vez, Aldo Rico cuando gobernaba San Miguel propuso un sistema de coparticipación a la inversa: que los impuestos los cobren los municipios y estos se los giren a la provincia. Claro, no prosperó.
Es por ello que suelen repetirse momentos donde los intendentes mascullan bronca ante determinadas cuestiones. En la salud es una de ellas. Como en la provincia de Buenos Aires conviven gestiones locales, provinciales y nacionales, las cosas suelen mezclarse. Es común escuchar a un gobernador difundir la inauguración de un hospital o nuevas salas de internación para el coronavirus cuando en realidad, los recursos los aportó de manera integral el municipio producto de las tasas de seguridad e higiene cuyos niveles, hoy, están en franco descenso.
No es nuevo el método de delegar facultades. Es problema son los recursos para llevarlas a cabo. En el caso del control de precios los municipios lo pueden desarrollar con su propio personal que ya lo efectuaba y a la espera que no haya tentaciones de privilegiar a unos en detrimento de otros sobre la manera de posar la lupa en determinados comercios. Se supone que nadie, bien nacido, estará pensando en esas cosas en tiempos de una pandemia que no selecciona sus víctimas.
El coronavirus pasará. Y cuando esto suceda mucho de lo preestablecido se pondrá en discusión. Una de ellas será, sin dudas, el rol de los intendentes en tiempos de dificultades extremas. La organización de las filas en los bancos del sábado tras el desastre del día anterior fue otro ejemplo de ellos. Quizá haya llegado la hora de barajar y dar de vuelta. De manera profunda. No sólo para maquillar un momento.
