Por Sebastián Dumont
En el año 2014, Daniel Scioli junto a Alejandro Granados lanzaron las policías locales en la provincia de Buenos Aires. Los por entonces aspirantes a ingresar en la nueva fuerza de seguridad se inscribieron en sus municipios y allí los intendentes observaron una situación que solía repetirse en varios casos: había muchos anotados con antecedentes penales por delitos o, incluso, con detenciones en su haber por robos. Una delgada línea entre la ley y la marginalidad conviven de manera constante en los barrios más difíciles del Conurbano Bonaerense. Ante la polémica desatada por la liberación de presos, justificada ante la pandemia del coronavirus, está germinado una enorme cantidad de aristas que ayudarían a aumentar la tensión social en el Gran Buenos Aires.
El intendente de San Miguel Jaime Méndez fue el primero en advertir públicamente la compleja situación que significa el regreso a los barrios de delincuentes peligrosos. Y la endeble paz social que podría significar la renovada convivencia entre policías y ladrones. Como se dijo anteriormente, la decisión de estar de un lado u otro del mostrador es muy endeble. El caso de las policías locales fue una clara demostración de ello donde se veía como primer beneficio de sumarse la salida laboral además de la obra social. No por vocación. Muchos de esos efectivos quizá ayudaron a detener a sus propios vecinos que ahora ven regresar. ¿Cuanto puede tardar en qué empiecen los ajustes de cuentas? Quién lo sabe. Esa es una de las tantas preguntas que surgen desde este nueva embestida libertaria donde, incluso, lo connivencia entre delincuentes y efectivos policiales suele ser más común de lo que se conoce.
Mendez gobierna San Miguel desde mediados de 2016 cuando su conductor político Joaquín De La Torre asumió como ministro provincial. En octubre del año pasado revalidó en las urnas y tiene mandato hasta el 2023. La decisión de salir a marcar agenda desde los territorios con esta cuestión no deja de ser interpretada como una movida con efectos políticos. Con la mayoría de los alcaldes de Cambiemos mostrándose cerca de Alberto Fernández, Mendez, asesorado por De La Torre, puede explorar el camino que le de una identidad propia dentro de la oposición más allá de su perfil local vecinalista. Sobre todo en un distrito que no deja de tener aún, en el tema de seguridad la referencia de Aldo Rico, más por simbología que por hechos reales. En efecto, luego de la experiencia del ex carapintada, el distrito fue clave en la construcción de un rasgo duro en la materia donde se puso como horizonte, entre otros ejemplos, la experiencia de militarización en las favelas de Río de Janeiro de la mano de José Mariano Beltrame. El ex funcionario carioca estuvo varias veces en Argentina. En una de las últimas fue invitado por el procurador provincial Julio Conte Grand en 2018 para dar capacitación a fiscales bonaerenses. El nexo fue el ex secretario de Seguridad de San Miguel Max Perkins, quien hoy trabaja junto al jefe de los fiscales bonaerenses. Conte Grand viene batallando duro con integrantes de la justicia como el juez de Casación suspendido Martín Ordoqui y Víctor Violini quien firmó la mayoría de las liberaciones que se efectuaron hasta aquí. El juez tuvo, en su momento, el respaldo de Cristina Fernández de Kirchner.
La decisión de Violini de firmar el Habeas Corpus que abrió las puertas de las cárceles viene precedida de una historia singular. El hasta el 20 de abril presidente de la Corte Bonaerense Eduardo De Lazzari firmó una resolución por la cual habilitó al titular de Casación Bonaerense a resolver sobre los pedidos de libertad. Con un detalle, en ese momento el titular de esa instancia Ricardo Borisnky estaba de licencia y asumió dicha responsabilidad Víctor Violini. Entre las libertades que firmó está la de Enrique Petrullo apuntado como lobbista de la organización delictiva que lideraba el ex juez platense Cesar Melazo. Con un detalle, la liberación de Petrullo fue basada en un informe médico de su propio facultativo que fue desaconsejada por el Servicio Penitenciario Bonaerense. De todo ello, Violini no hizo referencia en la serie de tuits que publicó para defenderse de las acusación en su contra por mandar presos a sus casas.
La seguridad fue y es el eje central del ADN del Frente Renovador de Sergio Massa. Por esa razón, no fue sorpresiva su opinión sobre toda esta movida en la cual advirtió de posibles juicios políticos a jueces que firmen libertades a peligrosos delincuentes. El presidente de la Cámara de Diputados no está dispuesto a licuar su identidad política dentro del Frente de Todos. Como muestra de ello, el fin de semana pasado organizó una reunión virtual con todos los dirigentes de su espacio en el país. Y ahora, marca esta distancia conceptual con, incluso, el Presidente Alberto Fernández. Las esquirlas de todo ello caen en todos los niveles. Hay que mirar de cerca los últimos movimientos en las dependencias policiales que tienen jurisdicción sobre Tigre donde el intendente Julio Zamora poco pudo hacer para torcer los nombramientos. Para entender parte de esta historia hay que ir al 2013 cuando el agente de inteligencia Alcides Díaz Gorgonio ingresó a la casa particular de Massa. Ahora detenido, y aprovechando la pandemia, solicitó su libertad. La justicia le dijo que no.
El presidente Alberto Fernández se mostró proclive a que sigan avanzando estas decisiones con más olor a justicia legítima y organismos de derechos humanos siempre muy cercanos a Cristina Kirchner. Algunos detalles de la historia no debieran ser pasados por alto. En su rol de abogado, Alberto Fernández ha sabido manifestar su admiración e incluso homenajear a Esteban Righi. El ex procurador que renunció tras el escándalo de la causa de Amado Boudou y la imprenta de hacer billetes, era el Ministro del Interior cuando el 25 de mayo de 1973 asumió Héctor Cámpora la presidencia de la Nación y decidieron liberar los “presos políticos” alojados en los penales. La mayor repercusión fue lo sucedido en Devoto donde se alojaban Montoneros e integrantes del ERP.
Paradojas de la historia argentina. Alberto Fernández inició su militancia política en el Partido Nacionalista Constitucional cuyo líder era el ahora diputado de Cambiemos Alberto Assef. El legislador Nacional, cercano a Miguel Pichetto acaba de pedir informes sobre los patrimonios de dos jueces de Casación bonaerense: Victor Violini y Daniel Carral. En el caso de este último formado, casualmente, en el estudio que comandaba el ejemplo jurídico del Presidente de La Nación: Esteban Righi.
Mientras tanto, en el Gran Buenos Aires la gente se debate entre salir a trabajar para comer o infectarse del coronavirus. Ahora deberá sumarle la preocupación de no toparse con el delincuente que, en muchos casos, le arruinó la vida.
