El Juez Federal en lo Criminal y Correccional Luis Osvaldo Rodríguez decretó el allanamiento de la vivienda del ex intendente de Merlo, Raúl “Vasco” Othacehé, con la intención de identificar y secuestrar todos los dispositivos electrónicos existentes en el lugar y proceder a su análisis a través de la División de Investigaciones de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal. Se lo acusas de instigar públicamente a cometer delitos. Su abogado está vinculado a la defensa de ex represores de la última dictadura militar.
Esta decisión fue adoptada luego de que el Fiscal Federal Electoral Jorge Di Lello promoviera la acción penal en su contra por el hecho que se le imputa, delito, que está previsto en el artículo 209 del Código Penal y que contempla una pena de dos a seis años de prisión para su autor.
Además de implicar una conducta prohibida y castigada por la ley, el proceder de Othacehé muestra en todo su esplendor su verdadero desprecio a la posibilidad de que los ciudadanos puedan elegir libremente sus autoridades, lo que de alguna manera también significa subestimar la democracia misma, conducta que lo ha caracterizado durante la mayor parte de los 24 años en los que estuvo al frente de su comuna, a la que gobernó con mano de hierro, persiguiendo implacablemente a sus opositores, cometiendo innumerables violaciones a los derechos humanos, e incluso, atacando al propio Papa Francisco -por entonces, el Arzobispo Jorge Bergoglio- quien no dudó en tildarlo de “mafioso”.
Su autoritarismo extremo lo llevó a ser denunciado e investigado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, el Servicio para la Paz y la Justicia (SERPAJ) del premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Poder Ciudadano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina Anticorrupción, entre otros organismos.
Como una ironía del destino (o quizás, no tanto) puso como abogado defensor nada menos que a Ricardo Saint Jean, hijo del tristemente célebre General de Brigada Ibérico Saint Jean, quién ofició de gobernador/interventor de la Provincia de Buenos Aires durante el período en el que presidió nuestro país su amigo y camarada Jorge Rafael Videla.
Fue el general Saint Jean quién designó al frente de la Policía Bonaerense al funesto General Ramón Camps, quién creó y dirigió personalmente numerosos centros clandestinos de detención, tortura y exterminio durante su gestión, siempre bajo la atenta supervisión de aquél, que lo nombró en su cargo. Falleció en el año 2012, mientras esperaba preso que comience su juicio oral y público, siendo su defensa ejercida, por supuesto, por su hijo Ricardo, quién además de patrocinar y representar a Othacehé, también defendió (y aún defiende) a infinidad de militares implicados en la comisión de crímenes, torturas y otros delitos de lesa humanidad.
Casualidad, o no, al duro ex barón de Merlo también parece se le han terminado sus días de impunidad. Ya avanzado en años y sin gozar del poder que en exceso supo ejercer y detentar, ha comenzado a tener sus primeros contratiempos serios con la justicia, de los que siempre se jacto de carecer, quizás por el empleo de algunas influencias que obviamente hoy ya no tiene. Según ciertas fuentes tribunalicias, existirían otras causas en trámite que podrían complicar aún más la cada vez peor situación procesal del ex patrón de Merlo.
Suena paradójico, pero a Othacehé comenzó a sucederle lo mismo que a todos los represores que defiende su propio abogado: Con la vejez encima, sumado a la pérdida del poder, empiezan a aparecer, como fantasmas del pasado, serios problemas con la ley.
